Desde la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Rurales de Andalucía COAMUR queremos dejar de manifiesto que cuando se cumplen 23 años que La ONU designó el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres, en honor y eterno recuerdo a las hermanas Mirabal, asesinadas un 25 de noviembre por su oposición al dictador dominicano Trujillo, la violencia que sufren las mujeres, lejos de haberse erradicado, sigue siendo estructural en todos los estados y todavía existen 49 países en los que ni siquiera existe una legislación específica que proteja a las mujeres.  En cualquier parte del mundo ahora mismo, hay mujeres asesinadas, violadas, coaccionadas, maltratadas, prostituidas, vidas sesgadas por el machismo. 

En nuestro país antes de que haya finalizado el año, la cifra de mujeres asesinadas es mayor respecto al periodo anterior. El número de asesinadas por violencia de género en España asciende a 52 en 2023 y a 1.237 desde 2003, cuando se empiezan a contabilizar datos. Dejando 52 huérfanos y familias completamente destrozadas que quedaran marcadas en por generaciones. Si hablamos de feminicidios el número asciende a 93 feminicidios durante el presente año, según el registro de feminicidio.net. Si hablamos de menores han sido 50 los  asesinados/as, desde 2013. Pérdidas inasumibles en una sociedad avanzada y moderna. Estamos ante una cuestión de Estado, de salud pública y un grave atentado a los Derechos Humanos.

Según información de la Secretaría General de la ONU, cada once minutos es asesinada una mujer o niña a manos de su pareja o algún miembro de su familia. En la última década, las mujeres y las niñas también son objeto de la violencia de género en Internet, del discurso de odio misógino, el acoso sexual, la pornografía de venganza y la coerción sexual por depredadores.

Aunque se han producido avances, la violencia hacia las mujeres sigue siendo unos de los problemas más graves y arraigados en nuestras sociedades y se hace necesario una unidad social firme, sin roturas y sin voces negacionistas que suponen un enorme retroceso en esta lucha liderada por el movimiento feminista. La realidad sigue estando marcada porque el hecho de que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa o se informa mal debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.

Desde COAMUR instamos a los medios de comunicación a redoblar esfuerzos para trasladar a la sociedad el por qué de todas las formas de violencia contra las mujeres. No es suficiente con informar sobre los asesinatos que produce el terrorismo machista, debemos indagar en sus orígenes, sus motivos y sus consecuencias. Este grave problema estructural que atañe a la sociedad entera exige de los y las profesionales del periodismo formación suficiente como para trasladar que el sujeto de la noticia en un asesinato machista es el agresor y no la víctima cuya intimidad debe estar protegida tal y como dicta el artículo 63 de la ley contra la violencia de género. Se debe dedicar mayor atención a las sentencias que dictan los tribunales de justicia sacando a la luz los delitos cometidos por los agresores, por los maltratadores.

El reciente estudio publicado por la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres, que analiza el tratamiento informativo que la prensa local andaluza hace de la violencia de género,  evidencia un aumento generalizado en la producción informativa de todos los medios aunque se aprecia una mayor cobertura por campaña en fechas señaladas como el 25N, Día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Esta mayor cobertura es una reivindicación histórica del movimiento feminista, al igual que la jerarquización que se le da a los acontecimientos sobre violencia contra las mujeres en los diarios. Sobre este particular se concluye que aún falta concienciación por parte de los medios, dado que los resultados demuestran el uso que todavía se realiza de la sección ‘Sucesos’ para ubicar las informaciones sobre este tema, lo cual descontextualiza el carácter estructural de la violencia machista.

Reivindicamos la genealogía feminista del No a las Guerras. Rechazamos las decisiones que pasan por sumar más armas al conflicto y aumentar presupuestos de guerra. Rechazamos los relatos que refuerzan lógicas autoritarias y de militarización. En el ámbito autonómico, Andalucía es la comunidad con más asesinatos, 16 mujeres, destacando como muy preocupante la incidencia de estos crímenes y la violencia de género en nuestros municipios.

Es imprescindible conocer las características específicas de la violencia de género en el ámbito rural donde  los modelos patriarcales, las creencias sexistas y discriminatorias están más arraigadas. Esta situación hace que las relaciones de maltrato se prolongue mucho más tiempo, una media de 20 años. Razones como la dependencia  económica, el miedo al qué dirán, el miedo a la reacción del maltratador, el férreo control social y familiar, el desconocimiento de los recursos de protección y atención, o la desconfianza hacia la efectividad de los mismos o el silencio cómplice de una buena parte de la sociedad, son algunos de los argumentos que explican la larga permanencia.

Se pone de manifiesto la necesidad de aumentar los recursos especializados en violencia hacia las mujeres, agilizar los trámites de divorcio o separación, mejorar la atención de las casas de acogida, y mejorar la coordinación entre recursos, para evitar su revictimización y mejorar la atención y protección de sus hijos e hijas.

Desde la Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales exigimos;

Mayor prevención y sensibilización;

- Incluir de manera transversal y sistemática en los currículos escolares desde las etapas más tempranas los contenidos en igualdad, buen trato y prevención de la violencia en todas sus formas, y adaptar las campañas de sensibilización a la realidad de las mujeres rurales, incluyendo una visión más global y estructural de la violencia hacia las mujeres así como imponer medidas de control para examinar si realmente los centros educativos cumplen con las disposiciones legales al respecto.

 - Atención integral a las víctimas

Es necesario aumentar el número de centros y recursos especializados, hacer más coherente a la realidad rural la distribución geográfica de los mismos, y mejorar la accesibilidad, mediante la facilitación de medios de transporte público y la implantación de más servicios de proximidad.

- Formación de profesionales.

Es imprescindible una formación especializada de las/los profesionales de los recursos de proximidad (servicios sociales, servicios de salud, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), operadores jurídicos, administraciones locales y entidades privadas del mundo rural. La formación debe ir acompañada de protocolos que garanticen una atención efectiva y de calidad, que se adapten a las condiciones y especificidades del entorno rural.

 Coordinación y colaboración interinstitucional

 - Elaboración de protocolos de colaboración interinstitucional entre los agentes sociales intervinientes: creación de estructuras de coordinación, unidades de apoyo local, o mesas de trabajo interdisciplinares.

En el mundo rural se revela especialmente importante la coordinación con las entidades del tercer sector y asociaciones que trabajan con las víctimas, así como con las redes de apoyo informales (familia, amistades, vecindad, compañeros/as trabajo), por ser las entidades y personas más cercanas a las mujeres que ante situaciones de peligro o riesgo pueden actuar con mayor inmediatez.

-Análisis e investigación 

Se propone seguir investigando en la violencia ejercida contra mujeres de menos de 25 años o mayores de 60, la ejercida contra menores, o las violencias invisibles, como las violencias sexuales o las cometidas contra colectivos especialmente vulnerables: mujeres con diversidad funcional o migrantes en situación irregular.

-Compromiso económico

Es necesario aumentar las partidas presupuestarias estatales, autonómicas, y estatales para implementar políticas públicas específicas contra la violencia de género en los territorios rurales. Se hace urgente una revisión del pacto de Estado que determine qué medidas son eficaces y unos criterios de calidad mínimos.

-Abolición de la prostitución

Exigimos a los Gobiernos Estatal, Autonómicos y Locales avanzar en la abolición de la prostitución considerando a las mujeres en situación de explotación sexual ser consideradas como a todos los efectos como víctimas de la violencia machista y la puesta en marcha de medidas para su recuperación.

Tomemos conciencia social de que el MACHISMO mata y hace imposible la convivencia exigible en una democracia. Las mujeres y las niñas, tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias.

25 de noviembre de 2023, Día Internacional para la Erradicación de las Violencias Hacia Las Mujeres.